Pensiones públicas: la estafa piramidal y del Estado del Bienestar

Un tema que no deja de aparecer en los medios de comunicación y debates universitarios y políticos -y más en el tiempo que se aproxima la campaña electoral de las generales de diciembre- es el de las pensiones públicas. En este artículo pretendo hacer una amplia radiografía de qué son las pensiones públicas, por qué no funcionan, cuál es la alternativa, etc.

La política de pensiones es una política pública que se puede definir como el conjunto de acciones y decisiones protagonizadas por los poderes públicos dirigidas a solventar la necesidad de ingresos económicos de la población no activa; en este caso me centraré más en las pensiones de jubilación. En el caso español, la política de pensiones es la única de las grandes políticas sociales que sigue en manos del Gobierno central (principio de caja única).

Ya la propia definición -que podemos encontrar en cualquier libro académico sobre políticas del bienestar- nos deja claramente marcado el espíritu estatista de la sociedad española: los poderes públicos deben solventar la necesidad de ingresos económicos de los que no trabajan. Es decir, no ahorres, que cuando te jubiles vendrá “Papá Estado” a solventar tus necesidades económicas, mientras te ha estado robando mediante cotizaciones sociales, dinero que podrías haber ahorrado por tu cuenta y disfrutar de una pensión mucho más sana y económicamente más alta. Pero ya saben, el Estado del Bienestar nos utiliza como si fuéramos inútiles.

Las pensiones públicas tienen dos problemas fundamentales por los que no funcionan: es una estafa piramidal -consiste en que los nuevos participantes producen beneficios a los primeros participantes, es decir, los cotizantes actuales a los jubilados- y la pirámide poblacional de España, en la que cada año hay más gente mayor, más jubilados, y menos jóvenes, por lo que la relación jubilado-trabajador se hace más pequeña. Otro problema de las pensiones públicas es que el dinero recaudado por la Seguridad Social mediante las cotizaciones sociales no se invierte, por lo que no genera riqueza. Si las semillas no se plantan, los árboles no salen, y cuando llega la cosecha, no hay frutas que recoger. Si los ahorros no se invierten, no generan riqueza, y cuando llega la jubilación, sólo encontramos miseria. Igual que el agricultor al que se le pudrieron las semillas en el bolsillo. Es en esta parte del proceso donde la estafa piramidal de las pensiones públicas arruina a los ciudadanos. Las inmensas cantidades de dinero que la Seguridad Social quita por la fuerza a los ciudadanos no las invierten en nada, sino que se las da a las personas que están jubiladas en ese momento. Si todo ese dinero se invirtiera, todo el mundo iría formándose un patrimonio, que al alcanzar la jubilación le permitiría vivir muy dignamente de las rentas que le produjera dicho patrimonio, sin las estrecheces que hoy en día tienen que soportar todas las víctimas de esta estafa piramidal al llegar a la jubilación.

Las pensiones públicas en España se basan en un sistema de reparto, un sistema de seguro “solidario” para la vejez. El sistema de reparto se organiza sobre la base de un aporte obligatorio -¿si es solidario por qué es obligatorio? Una vez más la perversión del lenguaje utilizado por el Estado- realizado por los trabajadores en actividad, con el que se forma un fondo para atender las jubilaciones de los trabajadores retirados.

Ese aporte obligatorio son las cotizaciones sociales, que no es más que el expolio por parte del Estado hacia los trabajadores. Las cotizaciones a la Seguridad Social cuentan con un tipo impositivo único en España. No se trata de un impuesto progresivo como el IRPF. Además, no se realizan deducciones en función del nivel de renta. Por ello, incluso para las rentas más bajas, el tipo que se aplica es el máximo, de 36,25%: 29,9% pagado por la empresa y 6,35% por el trabajador.

En España, en 2014, a un empleado que reciba en su cuenta corriente 1.500 euros como pago neto de su nómina, el Estado le está quitando más de 700 euros cada mes -entre lo que ve él en su nómina y la Seguridad Social a cargo del empresario-, para fundirlo inmediatamente en la estafa piramidal de las pensiones públicas. A eso hay que añadir los 400 euros que le quita en concepto de retención por el IRPF, aproximadamente.

Cuando la gente ve su nómina y se da cuenta de que su sueldo bruto son 1.950 euros y que de ahí tiene que pagar, aproximadamente, 400 euros por IRPF y otros 50 euros para la estafa piramidal de la Seguridad Social, se enfada. Pero, ¿qué haría la gente si se enterase de que su sueldo bruto real no son 1.950 euros, sino 2.600 euros, y el Estado le quita 700 euros para la estafa piramidal de las pensiones, y otros 400 euros por el IRPF, de forma que a él le llegan únicamente esos 1.500 euros?

2.600 euros es lo que paga la empresa y 2.600 euros es el sueldo real del empleado. El “invento” de que la empresa pague la mayor parte de la cuota de la Seguridad Social sin que el empleado se entere es simplemente una estratagema de los políticos para ocultar a la mayor parte de la población que la están estafando de forma miserable. La mayor parte de la gente cree que gana poco dinero porque “los sueldos son muy bajos porque las empresas pagan muy poco”, cuando la realidad es que ganan poco porque el Estado les saquea de forma miserable e inmisericorde. Por eso es importantísimo que la gente sepa de verdad los impuestos que paga realmente, para que sea consciente de la magnitud de esta inmensa estafa llamada Estado del Bienestar.

Poner impuestos a “algo” hace que ese “algo” sea más difícil de conseguir, y menos gente lo adquiera o consuma. Exactamente esto es lo que pasa en el mercado laboral: cuanto más altas son las cotizaciones sociales, menos gente quiere trabajar, y menos empresas quieren contratar empleados. Mucha gente que no tiene trabajo se haría autónoma, si no fuera fuertemente penalizada, simplemente por querer trabajar, con la obligación de pagar una contribución mensual altísima. Pagar por trabajar: “el liberalismo que nos invade” y esas cosas que algunos dicen sin sentido.

La alternativa al sistema injusto de reparto de las pensiones públicas es un sistema de capitalización individual, basado en el ahorro individual, sin imposiciones “solidarias” ni estafas piramidales. Algunos piensan que no hay gran diferencia entre la pensión que se cobra mediante el sistema de reparto y la que se cobraría mediante el sistema de capitalización individual. Se equivocan, claro que habría diferencia. Ejemplo: dos hermanos gemelos, que nacen el mismo día y se jubilan el mismo día, habiendo trabajado durante toda su vida los mismos días, y con los mismos sueldos. Uno de los dos hermanos ahorra e invierte durante toda su vida en acciones, inmuebles, tierras, etc. Los dividendos que le pagan las acciones, los alquileres de sus inmuebles y las ganancias de los productos que planta en sus tierras a lo largo de toda su vida, los utiliza para comprar más acciones, más inmuebles y más tierras. El otro hermano lo que ahorra lo guarda en un cajón, y ahí lo deja.

¿Qué sentido tiene pensar que cuando se jubilen ambos hermanos van a tener la misma cantidad de dinero? El mismo sentido que pensar que en ambos sistemas de pensiones se tendría la misma pensión. Lo peor es que la propaganda estatista está venciendo y algunos prefieren seguir siendo el segundo hermano en vez de optar por la opción del primer hermano. También es verdad que el Estado nos obliga a ser el segundo hermano, empobreciendo cada vez más a cotizantes y pensionistas. Las pensiones públicas, además de ser una estafa, son una inmoralidad.

Muchos que defienden las pensiones públicas -además de caer en la falacia del Proveedor Único- dicen que las cotizaciones sociales no solo financian dichas pensiones, sino también la sanidad pública, algo que es mentira. Las cotizaciones sociales solo financian las pensiones desde que en el año 1999 el Sistema Nacional de Salud se separara por completo de la Seguridad Social y pasase a financiarse vía impuestos directos e indirectos a través de las Comunidades Autónomas y de las transferencias del Estado a éstas.

El sistema de reparto ha demostrado ser ineficaz y muy costoso para todos. La hucha de las pensiones sigue vaciándose -prueba clarividente del fracaso- y algunos partidos políticos, como el PSOE, proponen un "impuesto de solidaridad" -otra prueba más de la manipulación del lenguaje que tan bien viene a algunos- que grave -aún más- la renta y el patrimonio, para complementar el pago de las pensiones.

Como prueba de este fracaso, un cuadro-resumen de las condiciones que los diferentes gobiernos han puesto para el disfrute de las pensiones. Este cuadro no es más que el fiel reflejo de que a este sistema de reparto no le puede quedar mucho, por nuestro bien y el de los jóvenes de ahora si queremos tener una pensión digna cuando nos jubilemos.

La clase política hará de todo para seguir manteniendo la estafa piramidal de las pensiones públicas; en vez de pasar a un sistema de capitalización, que incentive el ahorro y la responsabilidad individual, algo imposible en un Estado del Bienestar que premia todo lo contrario: el gasto sin control y la irresponsabilidad. Al fin y al cabo un sistema de capitalización individual restaría mucho poder a los políticos, ¿y quién cree que se dejarían quitar poder a ellos mismos?

La pensión de jubilación -y el resto de pensiones, pero la de jubilación es la más común- es algo muy importante para dejarlo en manos de políticos y burócratas que solo quieren imponer, en vez de dejar libertad de elección. Si es totalmente legítimo que haya gente que quiera pensiones públicas, pero esa legitimidad la rompe el propio Estado al obligar a todos a financiar algo que muchos no quieren. El que quiera pensión pública, que se deje seguir estafando por el Estado del Bienestar. El que no quiera pensión pública -algo igual de legítimo-, que deje de ser expoliado mediante las cotizaciones sociales, y que sea cada uno el que decida qué hacer con su dinero, si ahorrar o no. La libertad conlleva responsabilidad, pero muchos no están dispuestos a ser responsables. Han caído en el miedo y en la propaganda estatista de que si no fuera por el Estado, no serían capaces de labrarse una vida digna por sí mismos.

Referencias bibliográficas:

     Informe “Un marco fiscal para el empleo”. Civismo. Noviembre 2015.

-             Pensiones públicas: la esclavitud de nuestra época. Gregorio Hernández Jiménez.

-         Una alternativa liberal para salir de la crisis. Juan Ramón Rallo.

-          Políticas públicas en España. Contenidos, redes de actores y niveles de gobierno. José Adelantado y otros.

El síndrome de Estocolmo y el Estado del Bienestar

El vínculo afectivo que una persona secuestrada presenta ante sus captores es lo que se conoce como síndrome de Estocolmo. Las víctimas que experimentan este síndrome muestran típicamente dos tipos de reacción ante la situación: por una parte, tienen sentimientos positivos hacia sus secuestradores; y por otra parte, muestran miedo e ira contra las autoridades policiales, aquellos que quieren liberarles.

Las políticas del bienestar, lo que conocemos como Estado del Bienestar, nacido a partir de la esencia del Estado-Provisor que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, tiene una amplia relación con el Síndrome de Estocolmo.

Por una parte, aquellos que defienden dicho Estado del Bienestar no suelen reconocer que fuera de él también sería posible recibir los servicios básicos que toda persona quisiera. Es lo que se conoce como falacia del Proveedor Único, por el cual solo el Estado es capaz de proveer a los ciudadanos de sanidad, educación, pensiones, etc. Dicha falacia consiste en creer que un determinado sector solo puede ser ofrecido por empresas públicas o la propia administración pública, es decir, por el sector público.

Los defensores del Estado del Bienestar aceptan ser expoliados con unos impuestos cada vez más altos y endeudados por la clase política con la excusa de que si no fuera por el Estado no sería posible recibir educación, sanidad y demás servicios. La noción de Estado benefactor cuando no existe tal. El Estado del Bienestar utiliza como una de sus armas fundamentales la violencia psicológica, de forma intensa y constante. Necesita convencer a la mayor parte de los ciudadanos de que por sí mismos son seres inútiles, incapaces de cubrirse las necesidades más básicas. El miedo es un arma muy poderosa. El objetivo de toda esta violencia psicológica tan intensa y constante es hundir la autoestima de tantas personas como sea posible, para que la mayor parte de la población acepte el saqueo permanente como su única posibilidad de supervivencia, para que caigan en la falacia del Proveedor Único y lo acepten sin rechistar.

Muchos de los "secuestrados" por el Estado del Bienestar contra su voluntad también desarrollan el síndrome de Estocolmo. Pese a que el Estado del Bienestar no cumple sus objetivos, muchos lo defienden aunque les haga mal, como los secuestrados hacia sus captores. Y como ocurre en el citado síndrome, los defensores del Estado del Bienestar también muestran miedo e ira hacia aquellos que quieran liberarles de la carga del secuestro: en este caso, las políticas liberales, la reducción de impuestos, reducción de regulaciones y libertad para elegir los servicios que cada persona quiera, y no los que el político y burócrata de turno quieran, en definitiva la reducción drástica de los ámbitos de actuación del Estado, justo lo contrario de lo que viene ocurriendo últimamente, donde no hay ámbito que no esté regulado por políticos y burócratas, haciendo más difícil la vida de las personas.

Los cuatro pilares del Estado del Bienestar español son la sanidad, la educación (que debería ser únicamente enseñanza, ya que la educación de valores y moral debe ser enseñada en casa), las pensiones y las prestaciones por desempleo. Son aspectos fundamentales en la vida de cada persona, y por ello no debieran estar en manos del Estado, sino en manos de la sociedad civil. Para ello deberíamos pasar del Estado del Bienestar actual a una Sociedad del Bienestar.

Los ciudadanos ante el Estado del Bienestar

Se ha expandido en los últimos años la idea del Estado intervencionista y responsable del bienestar de los ciudadanos dentro de la concepción que los ciudadanos tienen del papel del Estado en las democracias.

Como prueba de lo anterior tenemos el siguiente gráfico, que nos muestra el porcentaje de apoyo de los ciudadanos hacia la responsabilidad del Estado en diferentes ámbitos de actuación de éste:

Fuente: Max Kaase y Kenneth Newton, Beliefs in Government. 1998.

Los porcentajes de ciudadanos que piensan que el Estado tiene una responsabilidad esencial son muy altos, en algunos casos se acercan al cien por cien de los encuestados, sobre todo en lo relativo a lo que conocemos como pilares básicos del Estado del Bienestar, como educación y sanidad, o también ancianos y empleo. Hay un altísimo consenso en torno a la idea de la responsabilidad del Estado en el bienestar social. En este sentido se constata un cambio de enorme trascendencia respecto a la filosofía del Estado Liberal no intervencionista.

Por tanto, nos damos cuenta de que son muchos los “secuestrados” por el Estado del Bienestar que dan su apoyo a éste. El síndrome de Estocolmo también aparece en el Estado del Bienestar.

Un Estado del Bienestar que cada vez lo es menos, se ha ido transformando en el Bienestar del Estado y de los que viven de él. La dictadura de los impuestos en la que nos encontramos actualmente hace imposible que se pueda buscar una vida digna fuera de los mandatos políticos del Estado del Bienestar. Nos controlan y nos imponen todo, como dice Gregorio Hernández Jiménez: “El Estado del Bienestar es el totalitarismo que nos ha tocado padecer y vencer en este punto de la historia”.

Una de las mayores mentiras del Estado del Bienestar es que su función es “ayudar a los más desfavorecidos”. El Estado del Bienestar no ayuda a los más desfavorecidos, lo que hace es generar cada vez más desfavorecidos, a través del proceso de empobrecimiento masivo de la población. El sistema económico actual no es el capitalismo, como habitualmente se suele decir de forma equivocada, sino el Estado del Bienestar y la “dictadura de los impuestos”: la mayor parte de la riqueza generada en el mundo por personas y empresa va directa al Estado del Bienestar, a través de los impuestos.

Llamando capitalismo a lo que en realidad es el Estado del Bienestar han conseguido que mucha gente crea que todos los problemas creados por el Estado del Bienestar han sido creados por el capitalismo (y por una excesiva libertad, cuando ha sido lo contrario), y que de esa forma crean que la solución es menos capitalismo y más Estado del Bienestar, justo lo contrario de lo que realmente se necesita.

Llamar capitalismo, o liberalismo, al Estado del Bienestar es una de las falacias más repetidas, y también una de las más rentables para la clase política y los grandes medios de comunicación. Por eso los grandes medios de comunicación son parte indisoluble de la clase política (la casta), porque son los que realmente cambian el significado de las palabras, y los que con ello dan la vuelta a la realidad, creando una imagen falsa sobre aquello que les interese. La forma de cambiar el significado de una palabra para cambiar el mundo es, en este caso concreto, repetir millones y millones de veces capitalismo cuando en realidad se están refiriendo al Estado del Bienestar.

Como sucede con un secuestro, decir a la víctima que si no fuera por la “bondad” del captor, estaría muerto. Te secuestro, pero gracias a mí no mueres. Te obligo a contribuir al Estado del Bienestar, aunque no quieras, pero gracias a mí tienes sanidad, educación, pensiones, etc. Y muchos pican. 

La propaganda estatista de la gran mayoría de partidos políticos y agentes sociales conlleva la falacia del Proveedor Único de la que hablaba antes, y esta falacia hace que algunos den gracias al Estado del Bienestar por no dejarles progresar por ellos mismos. En definitiva, Síndrome de Estocolmo y Estado del Bienestar.