Resultados del 20-D y posibilidades de investidura

El día clave al que muchos hacían referencia llegó y no dejó a nadie indiferente, sin duda. Una jornada electoral sin apenas sobresaltos, con una participación que iba de la mano de los datos de hace 4 años, que hacía entrever que el PP ganaría -como ya mostraban todas las encuestas-, pero con muchas dudas sobre los resultados de los demás partidos. 

El PP ha ganado las "elecciones" generales. Pero solo porque ha conseguido más escaños que los demás, ya que la sensación es de un partido que sigue sin encontrar la tecla con los millones de votos que ha ido perdiendo a lo largo de este 2015 electoral -5 han sido los comicios en este año: Andalucía, municipales y autonómicas de mayo, Cataluña y generales de diciembre-. La candidatura encabezada por Mariano Rajoy se ha dejado 3.6 millones de votos -10.8 millones en 2011 frente a 7.2 en 2015- y 63 diputados con respecto a las generales de 2011. Sin duda, las constantes traiciones al programa electoral presentado en las anteriores "elecciones" generales le han pasado factura al todavía actual Presidente del Gobierno de España. Es el peor resultado del PP desde 1989. 

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez

El PSOE ha conseguido su peor resultado en la era democrática. Nunca habían conseguido menos de 100 escaños. Y pese a estos datos, los simpatizantes socialistas recibían en la calle Ferraz a Pedro Sánchez al grito de "presidente, presidente". Bochornoso. Y aún siendo el peor resultado de su historia, tendría opciones de gobernar y echar al Partido Popular del Ejecutivo nacional. "Bendita democracia".

Pese a que la mayoría de las encuestas daban el tercer lugar a Ciudadanos, al final ha sido Podemos quien ha alcanzado esa posición, con 69 diputados, sumando las distintas coaliciones, como En Comú Podemos o Compromís. Sin duda son los verdaderos ganadores de estas elecciones. 

Por su parte, el peor parado en esta cita electoral ha sido Ciudadanos. Aspiraban incluso a quedar como segunda fuerza electoral, pero a última hora Podemos les ha adelantado y solo han conseguido 40 escaños -las encuestas menos favorables no bajaban de 50-. Las encuestas siguen fallando, como vemos en este caso. La imagen de Albert Rivera en el debate a cuatro celebrado el pasado 7 de diciembre ha podido pasar factura. La indefinición en momentos puntuales, también.

La composición del Congreso de los Diputados, por tanto, es la siguiente:

Un Parlamento multipartidista, que sigue la tendencia de las últimas legislaturas, donde PP y PSOE han ido perdiendo votos en conjunto a favor de otras opciones políticas emergentes. 

Una vez que se ha votado para la composición del Congreso, que es lo que se votaba este domingo-junto a la composición del Senado, que seguirá en manos del PP por mayoría absoluta-, toca ver las posibilidades de investidura para formar Gobierno. En un régimen parlamentario es el Parlamento -en el caso español, el Congreso de los Diputados- quien otorga su confianza a un candidato a la presidencia del Gobierno. 

Es el Rey quien propone el candidato que se somete a la primera sesión de investidura después de consultar “con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria”, como indica el artículo 99 de la Constitución. Ni la Constitución ni el reglamento del Congreso establecen que el Rey deba proponer al candidato de la lista más votada. Pero así ha sido en cada elección desde 1977, por lo que todo parece indicar que S.M el Rey Felipe VI propondrá a Mariano Rajoy.

A partir de aquí, 5 situaciones posibles:

1) Una primera votación, en la que el candidato propuesto debe alcanzar la mayoría absoluta (176 votos). La única opción de Rajoy es formar una gran coalición con el PSOE. Sin ese acuerdo, es imposible que el líder popular lograra 176 votos a favor. Ni siquiera si los diputados de Ciudadanos, Coalición Canaria y PNV votaran a favor de su designación. 

2) Si no se alcanzara la mayoría absoluta, se celebraría una segunda votación en la que sería necesaria la mayoría simple -más SÍ que NO- para investir al candidato propuesto. Rajoy conseguiría ser investido con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE y Ciudadanos. 

3) Si PSOE o Ciudadanos votaran en contra y no se alcanzara tampoco la mayoría simple, el jefe del Estado debe proponer a otro candidato después de una segunda ronda de contactos con los partidos políticos. Lo lógico es que el segundo candidato propuesto fuera Pedro Sánchez. Se necesita una mayoría simple en la tercera votación -la primera con el nuevo candidato-. La mayoría simple del PSOE sería suficiente con los votos a favor de Podemos y la abstención del resto menos el PP, o con los votos a favor de Ciudadanos y la abstención de Podemos y dos partidos nacionalistas con más escaños, como ERC, DyL o PNV.

4) El Rey no tiene porqué proponer a un diputado o a un candidato a la presidencia del Gobierno. La ley lo contempla así: el candidato a la presidencia del Gobierno deberá tener pasaporte español, ser mayor de edad y no estar inhabilitado para ejercer un cargo público por una sentencia judicial firme. Se podrían barajar nombres importantes dentro del PP y del PSOE. Sería algo totalmente novedoso. 

5) Si dos meses después de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera logrado la confianza del Congreso, el Rey debe disolver las cámaras y convocar nuevas "elecciones" que se celebrarían antes del verano de 2016. 

Por tanto, estas son las posibilidades que hay a partir de ahora, después de conocer los resultados del 20-D. Habrá que esperar a ver quien nombra el Rey como candidato a la presidencia del Gobierno y si éste consigue ser investido como tal. Si no, debemos prepararnos para unas nuevas "elecciones" generales en 2016. Y decíamos que se había acabado el año electoral...

¿Qué se vota el 20-D?

Se acerca el 20 de diciembre, fecha en la que están fijadas las próximas elecciones generales (a mí me gusta llamarlas “votaciones generales”, pues realmente los votantes no eligen nada o casi nada). Y a pocos días de las que, según algunos, serán las “elecciones más importantes de nuestra historia reciente”, querría explicar qué se vota el domingo en España.

España es una Monarquía parlamentaria, es decir, el poder reside en las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado). Las Cortes elaboran las leyes y proponen al Presidente del Gobierno, por lo que el Poder Ejecutivo emana del Poder Legislativo, a diferencia de cualquier sistema político presidencialista, en el cual ambos poderes están bien limitados y separados.

El 20 de diciembre están convocadas elecciones generales a las Cortes Generales, por tanto se votará para componer el Congreso y el Senado, y no para elegir el Presidente del Gobierno de la XI Legislatura, cuya elección está en manos del propio Congreso una vez quede formado. Es una confusión muy común. En las elecciones generales españolas no votamos al Presidente del Gobierno, sino al partido que queremos nos “represente” en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

El Congreso de los Diputados está compuesto por 350 diputados, los cuales son elegidos mediante circunscripciones. España cuenta con un total de 52 circunscripciones, que se corresponden con las 50 provincias del país, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como recogen los artículos 68 y 69 de la Constitución Española.

El reparto de estos 350 diputados se efectúa otorgando de inicio a cada provincia un mínimo de dos diputados y uno a cada ciudad autónoma -en total, 102-. Los otros 248 se reparten de manera proporcional teniendo en cuenta la población de cada circunscripción. Los 350 diputados totales son repartidos de la siguiente manera:

Circunscripción electoral	Diputados
Madrid	36
Barcelona	31
Valencia	15
Alicante y Sevilla	12
Málaga	11
Murcia	10
Cádiz	9
Asturias, Baleares, La Coruña, Las Palmas y Vizcaya	8
Granada, Pontevedra, S.C de Tenerife y Zaragoza	7
Almería, Badajoz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Tarragona y Toledo	6
Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Huelva, Jaén, León, Navarra y Valladolid	5
Álava, Albacete, Burgos, Cáceres, Lérida, Lugo, Orense, La Rioja y Salamanca	4
Ávila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia, Segovia, Teruel y Zamora	3
Soria	2
Ceuta y Melilla	1

El reparto del Senado es diferente. En cada provincia se eligen cuatro senadores. No obstante, en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas constituye una circunscripción a efectos de elección, correspondiendo elegir tres senadores a cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno a cada una de las restantes islas (Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma). Las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas dos senadores. En total son elegidos 208 senadores (aunque son 266 senadores en total).

Una vez concluyen las votaciones, en cada circunscripción se realiza el reparto de escaños de manera independiente aplicando el Sistema D’Hondt. Este sistema pertenece a las fórmulas de la media más elevada, que consisten en dividir el número de votos que ha obtenido cada partido político por la correspondiente serie sucesiva de números, hasta alcanzar la cifra de escaños asignados a la circunscripción. En el Sistema D’Hondt se utiliza la serie de números naturales.

Ejemplo à Imaginemos unas elecciones a las que se presentan cinco partidos, entre los que deben repartirse siete escaños, obteniendo cada uno de ellos el siguiente número de votos:

	Partido A	Partido B	Partido C	Partido D	Partido E
Votos	340.000	280.000	160.000	60.000	15.000

El reparto de escaños se produce de la siguiente manera (se divide el número de votos por el escaño al que aspira el partido):

	Partido A	Partido B	Partido C	Partido D	Partido E
Escaño 1	340.000/1= 340.000	280.000/1= 280.000	160.000/1= 160.000	60.000/1= 60.000	15.000/1= 15.000
Escaño 2	340.000/2= 170.000	280.000/1= 280.000	160.000/1= 160.000	60.000/1= 60.000	15.000/1= 15.000
Escaño 3	340.000/2= 170.000	280.000/2= 140.000	160.000/1= 160.000	60.000/1= 60.000	15.000/1= 15.000
Escaño 4	340.000/3= 113.333	280.000/2= 140.000	160.000/1= 160.000	60.000/1= 60.000	15.000/1= 15.000
Escaño 5	340.000/3= 113.333	280.000/2= 140.000	160.000/2= 80.000	60.000/1= 60.000	15.000/1= 15.000
Escaño 6	340.000/3= 113.333	280.000/3= 93.333	160.000/2= 80.000	60.000/1= 60.000	15.000/1= 15.000
Escaño 7	340.000/4= 85.000	280.000/3= 93.333	160.000/2= 80.000	60.000/1= 60.000	15.000/1= 15.000
Total de cargos electos	3	3	1	0	0

En estas elecciones, el Partido A conseguiría 3 escaños, al igual que el Partido B. Por su parte, el Partido C lograría 1, mientras que el Partido D y el Partido E no conseguirían ningún escaño.

Por tanto, a modo de resumen, podemos decir que el próximo domingo, el 20-D:

-            Se vota para la composición de la Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado.

-          NO se vota para elegir al Presidente del Gobierno. Éste es elegido por el Congreso de los Diputados una vez se haya formado.

-   La circunscripción electoral en España, en las elecciones generales, es la provincia. Cada circunscripción tiene diferentes diputados y senadores asignados.

-            El método utilizado para asignar los escaños es el Sistema D’Hondt.

¿Qué diferencias existen entre el voto en blanco, el voto nulo y la abstención?

A pocos días del 20-D, de las que algunos dicen serán “las elecciones más importantes de la historia de España”, no está de más preguntarse cuáles son las modalidades de participación electoral o expresión política en unas elecciones y de qué manera influyen en el resultado final. Dichas modalidades son el voto en blanco, el voto nulo y la abstención.

Voto en blanco

Según el artículo 96.5 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), se considera voto en blanco, pero válido, “el sobre que no contenga papeleta y, en las elecciones para el Senado, las papeletas que no contengan indicación a favor de ninguno de los candidatos”.

Al tratarse de un voto válido se tiene en cuenta a la hora de realizar el recuento de votos. En las elecciones generales de España se utiliza la “regla del 3%”, es decir, en cada circunscripción se tendrán en cuenta aquellas formaciones que superen dicho porcentaje de votos válidos a la hora de realizar el reparto correspondiente mediante la Ley d’Hondt (Artículo 169 de la LOREG). Aunque es cierto que esta regla no suele suponer un gran perjuicio a los partidos minoritarios, si acaso en las circunscripciones donde más escaños se reparten -véase Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Sevilla-, ya que en las circunscripciones pequeñas es meramente imposible obtener un escaño con un porcentaje de votos del 3%.

Voto nulo

Es nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial, así como el emitido en papeleta sin sobre o en sobre que contenga más de una papeleta de distinta candidatura. En el supuesto de contener más de una papeleta de la misma candidatura, se computará como un solo voto válido. Serán también nulos en todos los procesos electorales los votos emitidos en papeletas en las que se hubieren modificado, añadido o tachado nombres de candidatos comprendidos en ellas o alterado su orden de colocación, así como aquéllas en las que se hubiera introducido cualquier leyenda o expresión, o producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado. (Artículos 96.1 y 96.2 de la LOREG).

A diferencia del voto en blanco, el voto nulo no cuenta como voto válido, por lo tanto no eleva la barrera de voto válido mínimo para obtener escaño. Por ese motivo algunas personas lo prefieren al voto en blanco como forma de emitir un voto de protesta que no dificulte el escaño a partidos minoritarios.

Abstención

La abstención es el simple hecho de no votar. En ciencia política se divide en dos tipos: la abstención activa (ideológica, política) y la abstención pasiva (sociológica).

La abstención política es la expresión de una determinada voluntad de rechazo del sistema político o de la convocatoria electoral en concreto (abstencionismo de rechazo) o bien de no identificación con ninguno de los líderes o los programas políticos en competencia electoral, convirtiéndose la abstención que podríamos denominar activa en un acto de desobediencia cívica o en la concreción de su insatisfacción política.

Por su parte, la abstención sociológica se relaciona más con la falta de interés en la política en general, o derivada del aislamiento geográfico o social del votante.

William H. Flanigan, profesor de la Universidad de Minnesota y autor del libro Political Behavior of the American Electorate, ha elaborado un gráfico en el que relaciona el nivel de interés político y el nivel de participación política en los siguientes términos:

• Bajo interés – baja participación: abstencionismo por satisfacción que desemboca en un consenso tácito sobre las reglas del juego y sobre el sistema político y opera como factor de estabilidad.
• Bajo interés – alta participación: abstencionismo prohibido, sancionándose a los que inmotivadamente no cumplen el deber de votar.
• Alto interés – baja participación: abstencionismo de rechazo.
• Alto interés – alta participación: sería el reflejo electoral del modelo ideal weberiano.

En todo caso, el sistema político democrático no pierde legitimidad con el descenso del nivel de participación, pues la abstención es admitida como forma de expresión política en la democracia, aun cuando su ideal es el participativo pleno de la totalidad de los ciudadanos.

La evidencia empírica nos dice que en España la participación electoral se ha mantenido más o menos estable desde las primeras elecciones democráticas, en 1977. Tal como podemos ver en el gráfico superior, no se ha producido ninguna variación significativa en el tiempo.

Pero sí se han producido algunas variaciones entre unas elecciones y otras. Es lo que conocemos como “elecciones de continuidad” y “elecciones de cambio”. Cuando los ciudadanos han percibido que las elecciones eran de continuidad, es decir, que lo más probable era que volviera a ganar el mismo partido (como ocurrió en 1979, 1986, 1989 y 2000), los niveles de participación han sido más bajos. Por el contrario, cuando los ciudadanos han percibido que las elecciones eran de cambio, es decir, que se produjera un cambio en el partido ganador, la participación ha aumentado.

Por tanto, y como resumen, debemos tener en cuenta lo siguiente:

• El voto en blanco, aunque es voto válido, apenas impide que los partidos pequeños alcancen representación, salvo en las circunscripciones donde haya más escaños en juego.

• No hay apenas diferencias entre voto nulo y abstención, salvo que el voto nulo es una protesta o insatisfacción que se pone de manifiesto mediante el voto y la abstención puede tener múltiples causas (no todos los abstencionistas tienen el mismo motivo para no ir a votar).

• La participación electoral (y por tanto la abstención) varía dependiendo si los votantes perciben unas elecciones como un cambio o una continuidad.

Programa fiscal del Partido Libertario: libertad y sentido común

Se acercan unas nuevas votaciones generales (que no elecciones, pues solo votamos, no elegimos) y ya podemos ir sacando conclusiones de qué partido político nos puede gustar más o menos. Está claro que en la política española impera lo que se conoce como Consenso Socialdemócrata, explicado muy bien por Almudena Negro en una conferencia en el Instituto Juan de Mariana. ¿Pero todos los partidos están cómodos y contentos con dicho Consenso? No, ni muchos menos, hay partidos que aspiran a devolver a la sociedad civil todo lo que el Estado, por medio de políticos y burócratas, les ha arrebatado, como la educación, la sanidad, las pensiones, etc.

Uno de esos partidos es el Partido Libertario, más conocido como P-LIB, el cual defiende una amplia reducción de los ámbitos de actuación del Estado y una devolución de los sectores intervenidos a la sociedad civil. Al contrario que los partidos que encabezan las encuestas electorales, que apuestan por más Estado, más gasto, más impuestos, más estafa piramidal de las pensiones públicas, etc., en definitiva apuestan por más pensamiento único, esto es, más Consenso Socialdemócrata.

Logotipo del Partido Libertario

El programa fiscal del Partido Libertario es el único que me convence. Dicho programa, breve y sencillo de entender, defiende lo siguiente:

• Abolición inmediata del Impuesto sobre Patrimonio.
• Abolición inmediata del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
• Progresiva eliminación de los Impuestos Especiales. Los productos solo se gravarían con IVA.
• Flat Tax del 10% en IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades.
• Transición del modelo de reparto a un modelo de capitalización individual en las pensiones.
• Eliminación de la cuota de autónomo.
• Liberalización de la circulación de capitales.

Aplicando dichas propuestas no se perseguiría a los ricos por el hecho de serlo, como siempre proponen desde la izquierda. También podrías recibir la herencia de tus padres sin tener que pagar (otra vez) por el dinero o pago en especies que tú heredes. Pagarías por la gasolina o la luz lo que costara, y no lo que los políticos de turno quieran inflar el precio mediante subvenciones a las renovables, tasas y más impuestos. En la actualidad, el precio de la luz y la gasolina doblan su precio real.

Con estas propuestas, cada uno tendríamos nuestro plan de pensiones que quisiéramos, no el que no impongan desde arriba, como en la actualidad. Podríamos optar a pensiones económicamente más viables y sin estafas piramidales. También dejaríamos de pagar por ser autónomos, algo que deberían defender todos los partidos, pues pagar por trabajar no me parece lo más correcto, ni moralmente aceptable.

La reducción de IRPF, IVA y Sociedades planteada por el Partido Libertario nos daría opción de crear más riqueza, de tener más dinero disponible para poder ahorrar e invertir (o consumir más). Al contrario de lo que proponen otros partidos, no hace falta aumentar el gasto público ni dar subvenciones o rentas mínimas para que haya ahorro o consumo. El dinero está, pero no en las manos de la gente, sino de los poderes públicos. Muchos se han acostumbrado a eso, y no se debe permitir.

Juan Pina, presidente del P-LIB (i), Juan Ramón Rallo (c) y Vít Jedlicka (d) en un acto conjunto del P-LIB y la República Libre de Liberland

Por tanto, el programa fiscal del Partido Libertario se resume en menos Estado, más mercado y más acuerdos voluntarios entre individuos. La propaganda estatista ha triunfado en nuestro país, haciendo ver que necesitamos de un Estado grande, que controle todo, para que podamos vivir sin caer en el caos (cuando el caos es un Estado de tal dimensión).

Acabar con el Consenso Socialdemócrata sería un paso muy importante para recuperar cotas de libertad. Dar a conocer las propuestas liberales-libertarias es una opción que todos aquellos que queremos acabar con dicho Consenso deberíamos hacer. Si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie. Estoy seguro de que muchas personas están de acuerdo con las propuestas de este partido político, pero no lo conocen. Si quieren conocer más propuestas del Partido Libertario, las encontrarán aquí: 80 propuestas de Gobierno para el avance de la Libertad.

Pensiones públicas: la estafa piramidal y del Estado del Bienestar

Un tema que no deja de aparecer en los medios de comunicación y debates universitarios y políticos -y más en el tiempo que se aproxima la campaña electoral de las generales de diciembre- es el de las pensiones públicas. En este artículo pretendo hacer una amplia radiografía de qué son las pensiones públicas, por qué no funcionan, cuál es la alternativa, etc.

La política de pensiones es una política pública que se puede definir como el conjunto de acciones y decisiones protagonizadas por los poderes públicos dirigidas a solventar la necesidad de ingresos económicos de la población no activa; en este caso me centraré más en las pensiones de jubilación. En el caso español, la política de pensiones es la única de las grandes políticas sociales que sigue en manos del Gobierno central (principio de caja única).

Ya la propia definición -que podemos encontrar en cualquier libro académico sobre políticas del bienestar- nos deja claramente marcado el espíritu estatista de la sociedad española: los poderes públicos deben solventar la necesidad de ingresos económicos de los que no trabajan. Es decir, no ahorres, que cuando te jubiles vendrá “Papá Estado” a solventar tus necesidades económicas, mientras te ha estado robando mediante cotizaciones sociales, dinero que podrías haber ahorrado por tu cuenta y disfrutar de una pensión mucho más sana y económicamente más alta. Pero ya saben, el Estado del Bienestar nos utiliza como si fuéramos inútiles.

Las pensiones públicas tienen dos problemas fundamentales por los que no funcionan: es una estafa piramidal -consiste en que los nuevos participantes producen beneficios a los primeros participantes, es decir, los cotizantes actuales a los jubilados- y la pirámide poblacional de España, en la que cada año hay más gente mayor, más jubilados, y menos jóvenes, por lo que la relación jubilado-trabajador se hace más pequeña. Otro problema de las pensiones públicas es que el dinero recaudado por la Seguridad Social mediante las cotizaciones sociales no se invierte, por lo que no genera riqueza. Si las semillas no se plantan, los árboles no salen, y cuando llega la cosecha, no hay frutas que recoger. Si los ahorros no se invierten, no generan riqueza, y cuando llega la jubilación, sólo encontramos miseria. Igual que el agricultor al que se le pudrieron las semillas en el bolsillo. Es en esta parte del proceso donde la estafa piramidal de las pensiones públicas arruina a los ciudadanos. Las inmensas cantidades de dinero que la Seguridad Social quita por la fuerza a los ciudadanos no las invierten en nada, sino que se las da a las personas que están jubiladas en ese momento. Si todo ese dinero se invirtiera, todo el mundo iría formándose un patrimonio, que al alcanzar la jubilación le permitiría vivir muy dignamente de las rentas que le produjera dicho patrimonio, sin las estrecheces que hoy en día tienen que soportar todas las víctimas de esta estafa piramidal al llegar a la jubilación.

Las pensiones públicas en España se basan en un sistema de reparto, un sistema de seguro “solidario” para la vejez. El sistema de reparto se organiza sobre la base de un aporte obligatorio -¿si es solidario por qué es obligatorio? Una vez más la perversión del lenguaje utilizado por el Estado- realizado por los trabajadores en actividad, con el que se forma un fondo para atender las jubilaciones de los trabajadores retirados.

Ese aporte obligatorio son las cotizaciones sociales, que no es más que el expolio por parte del Estado hacia los trabajadores. Las cotizaciones a la Seguridad Social cuentan con un tipo impositivo único en España. No se trata de un impuesto progresivo como el IRPF. Además, no se realizan deducciones en función del nivel de renta. Por ello, incluso para las rentas más bajas, el tipo que se aplica es el máximo, de 36,25%: 29,9% pagado por la empresa y 6,35% por el trabajador.

En España, en 2014, a un empleado que reciba en su cuenta corriente 1.500 euros como pago neto de su nómina, el Estado le está quitando más de 700 euros cada mes -entre lo que ve él en su nómina y la Seguridad Social a cargo del empresario-, para fundirlo inmediatamente en la estafa piramidal de las pensiones públicas. A eso hay que añadir los 400 euros que le quita en concepto de retención por el IRPF, aproximadamente.

Cuando la gente ve su nómina y se da cuenta de que su sueldo bruto son 1.950 euros y que de ahí tiene que pagar, aproximadamente, 400 euros por IRPF y otros 50 euros para la estafa piramidal de la Seguridad Social, se enfada. Pero, ¿qué haría la gente si se enterase de que su sueldo bruto real no son 1.950 euros, sino 2.600 euros, y el Estado le quita 700 euros para la estafa piramidal de las pensiones, y otros 400 euros por el IRPF, de forma que a él le llegan únicamente esos 1.500 euros?

2.600 euros es lo que paga la empresa y 2.600 euros es el sueldo real del empleado. El “invento” de que la empresa pague la mayor parte de la cuota de la Seguridad Social sin que el empleado se entere es simplemente una estratagema de los políticos para ocultar a la mayor parte de la población que la están estafando de forma miserable. La mayor parte de la gente cree que gana poco dinero porque “los sueldos son muy bajos porque las empresas pagan muy poco”, cuando la realidad es que ganan poco porque el Estado les saquea de forma miserable e inmisericorde. Por eso es importantísimo que la gente sepa de verdad los impuestos que paga realmente, para que sea consciente de la magnitud de esta inmensa estafa llamada Estado del Bienestar.

Poner impuestos a “algo” hace que ese “algo” sea más difícil de conseguir, y menos gente lo adquiera o consuma. Exactamente esto es lo que pasa en el mercado laboral: cuanto más altas son las cotizaciones sociales, menos gente quiere trabajar, y menos empresas quieren contratar empleados. Mucha gente que no tiene trabajo se haría autónoma, si no fuera fuertemente penalizada, simplemente por querer trabajar, con la obligación de pagar una contribución mensual altísima. Pagar por trabajar: “el liberalismo que nos invade” y esas cosas que algunos dicen sin sentido.

La alternativa al sistema injusto de reparto de las pensiones públicas es un sistema de capitalización individual, basado en el ahorro individual, sin imposiciones “solidarias” ni estafas piramidales. Algunos piensan que no hay gran diferencia entre la pensión que se cobra mediante el sistema de reparto y la que se cobraría mediante el sistema de capitalización individual. Se equivocan, claro que habría diferencia. Ejemplo: dos hermanos gemelos, que nacen el mismo día y se jubilan el mismo día, habiendo trabajado durante toda su vida los mismos días, y con los mismos sueldos. Uno de los dos hermanos ahorra e invierte durante toda su vida en acciones, inmuebles, tierras, etc. Los dividendos que le pagan las acciones, los alquileres de sus inmuebles y las ganancias de los productos que planta en sus tierras a lo largo de toda su vida, los utiliza para comprar más acciones, más inmuebles y más tierras. El otro hermano lo que ahorra lo guarda en un cajón, y ahí lo deja.

¿Qué sentido tiene pensar que cuando se jubilen ambos hermanos van a tener la misma cantidad de dinero? El mismo sentido que pensar que en ambos sistemas de pensiones se tendría la misma pensión. Lo peor es que la propaganda estatista está venciendo y algunos prefieren seguir siendo el segundo hermano en vez de optar por la opción del primer hermano. También es verdad que el Estado nos obliga a ser el segundo hermano, empobreciendo cada vez más a cotizantes y pensionistas. Las pensiones públicas, además de ser una estafa, son una inmoralidad.

Muchos que defienden las pensiones públicas -además de caer en la falacia del Proveedor Único- dicen que las cotizaciones sociales no solo financian dichas pensiones, sino también la sanidad pública, algo que es mentira. Las cotizaciones sociales solo financian las pensiones desde que en el año 1999 el Sistema Nacional de Salud se separara por completo de la Seguridad Social y pasase a financiarse vía impuestos directos e indirectos a través de las Comunidades Autónomas y de las transferencias del Estado a éstas.

El sistema de reparto ha demostrado ser ineficaz y muy costoso para todos. La hucha de las pensiones sigue vaciándose -prueba clarividente del fracaso- y algunos partidos políticos, como el PSOE, proponen un "impuesto de solidaridad" -otra prueba más de la manipulación del lenguaje que tan bien viene a algunos- que grave -aún más- la renta y el patrimonio, para complementar el pago de las pensiones.

Como prueba de este fracaso, un cuadro-resumen de las condiciones que los diferentes gobiernos han puesto para el disfrute de las pensiones. Este cuadro no es más que el fiel reflejo de que a este sistema de reparto no le puede quedar mucho, por nuestro bien y el de los jóvenes de ahora si queremos tener una pensión digna cuando nos jubilemos.

La clase política hará de todo para seguir manteniendo la estafa piramidal de las pensiones públicas; en vez de pasar a un sistema de capitalización, que incentive el ahorro y la responsabilidad individual, algo imposible en un Estado del Bienestar que premia todo lo contrario: el gasto sin control y la irresponsabilidad. Al fin y al cabo un sistema de capitalización individual restaría mucho poder a los políticos, ¿y quién cree que se dejarían quitar poder a ellos mismos?

La pensión de jubilación -y el resto de pensiones, pero la de jubilación es la más común- es algo muy importante para dejarlo en manos de políticos y burócratas que solo quieren imponer, en vez de dejar libertad de elección. Si es totalmente legítimo que haya gente que quiera pensiones públicas, pero esa legitimidad la rompe el propio Estado al obligar a todos a financiar algo que muchos no quieren. El que quiera pensión pública, que se deje seguir estafando por el Estado del Bienestar. El que no quiera pensión pública -algo igual de legítimo-, que deje de ser expoliado mediante las cotizaciones sociales, y que sea cada uno el que decida qué hacer con su dinero, si ahorrar o no. La libertad conlleva responsabilidad, pero muchos no están dispuestos a ser responsables. Han caído en el miedo y en la propaganda estatista de que si no fuera por el Estado, no serían capaces de labrarse una vida digna por sí mismos.

Referencias bibliográficas:

     Informe “Un marco fiscal para el empleo”. Civismo. Noviembre 2015.

-             Pensiones públicas: la esclavitud de nuestra época. Gregorio Hernández Jiménez.

-         Una alternativa liberal para salir de la crisis. Juan Ramón Rallo.

-          Políticas públicas en España. Contenidos, redes de actores y niveles de gobierno. José Adelantado y otros.

El síndrome de Estocolmo y el Estado del Bienestar

El vínculo afectivo que una persona secuestrada presenta ante sus captores es lo que se conoce como síndrome de Estocolmo. Las víctimas que experimentan este síndrome muestran típicamente dos tipos de reacción ante la situación: por una parte, tienen sentimientos positivos hacia sus secuestradores; y por otra parte, muestran miedo e ira contra las autoridades policiales, aquellos que quieren liberarles.

Las políticas del bienestar, lo que conocemos como Estado del Bienestar, nacido a partir de la esencia del Estado-Provisor que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, tiene una amplia relación con el Síndrome de Estocolmo.

Por una parte, aquellos que defienden dicho Estado del Bienestar no suelen reconocer que fuera de él también sería posible recibir los servicios básicos que toda persona quisiera. Es lo que se conoce como falacia del Proveedor Único, por el cual solo el Estado es capaz de proveer a los ciudadanos de sanidad, educación, pensiones, etc. Dicha falacia consiste en creer que un determinado sector solo puede ser ofrecido por empresas públicas o la propia administración pública, es decir, por el sector público.

Los defensores del Estado del Bienestar aceptan ser expoliados con unos impuestos cada vez más altos y endeudados por la clase política con la excusa de que si no fuera por el Estado no sería posible recibir educación, sanidad y demás servicios. La noción de Estado benefactor cuando no existe tal. El Estado del Bienestar utiliza como una de sus armas fundamentales la violencia psicológica, de forma intensa y constante. Necesita convencer a la mayor parte de los ciudadanos de que por sí mismos son seres inútiles, incapaces de cubrirse las necesidades más básicas. El miedo es un arma muy poderosa. El objetivo de toda esta violencia psicológica tan intensa y constante es hundir la autoestima de tantas personas como sea posible, para que la mayor parte de la población acepte el saqueo permanente como su única posibilidad de supervivencia, para que caigan en la falacia del Proveedor Único y lo acepten sin rechistar.

Muchos de los "secuestrados" por el Estado del Bienestar contra su voluntad también desarrollan el síndrome de Estocolmo. Pese a que el Estado del Bienestar no cumple sus objetivos, muchos lo defienden aunque les haga mal, como los secuestrados hacia sus captores. Y como ocurre en el citado síndrome, los defensores del Estado del Bienestar también muestran miedo e ira hacia aquellos que quieran liberarles de la carga del secuestro: en este caso, las políticas liberales, la reducción de impuestos, reducción de regulaciones y libertad para elegir los servicios que cada persona quiera, y no los que el político y burócrata de turno quieran, en definitiva la reducción drástica de los ámbitos de actuación del Estado, justo lo contrario de lo que viene ocurriendo últimamente, donde no hay ámbito que no esté regulado por políticos y burócratas, haciendo más difícil la vida de las personas.

Los cuatro pilares del Estado del Bienestar español son la sanidad, la educación (que debería ser únicamente enseñanza, ya que la educación de valores y moral debe ser enseñada en casa), las pensiones y las prestaciones por desempleo. Son aspectos fundamentales en la vida de cada persona, y por ello no debieran estar en manos del Estado, sino en manos de la sociedad civil. Para ello deberíamos pasar del Estado del Bienestar actual a una Sociedad del Bienestar.

Los ciudadanos ante el Estado del Bienestar

Se ha expandido en los últimos años la idea del Estado intervencionista y responsable del bienestar de los ciudadanos dentro de la concepción que los ciudadanos tienen del papel del Estado en las democracias.

Como prueba de lo anterior tenemos el siguiente gráfico, que nos muestra el porcentaje de apoyo de los ciudadanos hacia la responsabilidad del Estado en diferentes ámbitos de actuación de éste:

Fuente: Max Kaase y Kenneth Newton, Beliefs in Government. 1998.

Los porcentajes de ciudadanos que piensan que el Estado tiene una responsabilidad esencial son muy altos, en algunos casos se acercan al cien por cien de los encuestados, sobre todo en lo relativo a lo que conocemos como pilares básicos del Estado del Bienestar, como educación y sanidad, o también ancianos y empleo. Hay un altísimo consenso en torno a la idea de la responsabilidad del Estado en el bienestar social. En este sentido se constata un cambio de enorme trascendencia respecto a la filosofía del Estado Liberal no intervencionista.

Por tanto, nos damos cuenta de que son muchos los “secuestrados” por el Estado del Bienestar que dan su apoyo a éste. El síndrome de Estocolmo también aparece en el Estado del Bienestar.

Un Estado del Bienestar que cada vez lo es menos, se ha ido transformando en el Bienestar del Estado y de los que viven de él. La dictadura de los impuestos en la que nos encontramos actualmente hace imposible que se pueda buscar una vida digna fuera de los mandatos políticos del Estado del Bienestar. Nos controlan y nos imponen todo, como dice Gregorio Hernández Jiménez: “El Estado del Bienestar es el totalitarismo que nos ha tocado padecer y vencer en este punto de la historia”.

Una de las mayores mentiras del Estado del Bienestar es que su función es “ayudar a los más desfavorecidos”. El Estado del Bienestar no ayuda a los más desfavorecidos, lo que hace es generar cada vez más desfavorecidos, a través del proceso de empobrecimiento masivo de la población. El sistema económico actual no es el capitalismo, como habitualmente se suele decir de forma equivocada, sino el Estado del Bienestar y la “dictadura de los impuestos”: la mayor parte de la riqueza generada en el mundo por personas y empresa va directa al Estado del Bienestar, a través de los impuestos.

Llamando capitalismo a lo que en realidad es el Estado del Bienestar han conseguido que mucha gente crea que todos los problemas creados por el Estado del Bienestar han sido creados por el capitalismo (y por una excesiva libertad, cuando ha sido lo contrario), y que de esa forma crean que la solución es menos capitalismo y más Estado del Bienestar, justo lo contrario de lo que realmente se necesita.

Llamar capitalismo, o liberalismo, al Estado del Bienestar es una de las falacias más repetidas, y también una de las más rentables para la clase política y los grandes medios de comunicación. Por eso los grandes medios de comunicación son parte indisoluble de la clase política (la casta), porque son los que realmente cambian el significado de las palabras, y los que con ello dan la vuelta a la realidad, creando una imagen falsa sobre aquello que les interese. La forma de cambiar el significado de una palabra para cambiar el mundo es, en este caso concreto, repetir millones y millones de veces capitalismo cuando en realidad se están refiriendo al Estado del Bienestar.

Como sucede con un secuestro, decir a la víctima que si no fuera por la “bondad” del captor, estaría muerto. Te secuestro, pero gracias a mí no mueres. Te obligo a contribuir al Estado del Bienestar, aunque no quieras, pero gracias a mí tienes sanidad, educación, pensiones, etc. Y muchos pican. 

La propaganda estatista de la gran mayoría de partidos políticos y agentes sociales conlleva la falacia del Proveedor Único de la que hablaba antes, y esta falacia hace que algunos den gracias al Estado del Bienestar por no dejarles progresar por ellos mismos. En definitiva, Síndrome de Estocolmo y Estado del Bienestar.